La muerte de 24 personas en el conurbano bonaerense por la ingesta de cocaína adulterada durante los últimos días y la réplica en distintos medios de comunicación desde las aristas políticas y policiales de esa situación, pusieron en agenda, de alguna manera, la situación del consumo problemático. Tras esta situación, Adrián Becerra, uno de los responsables a nivel nacional de las casas comunitarias de Vientos de Libertad, organización perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dialogó con QUE PASA sobre la necesidad de abordar la problemática del consumo en los barrios populares desde un lugar de contención y dejando de lado "los juicios sociales".
“Lamento que esta discusión se haya puesto en agenda pública con la muerte de 20 pibes y pibas de los distintos barrios populares, por un acto de esta magnitud”, dijo Becerra, integrante de la organización que tiene como principal referente a Juan Grabois y que posee cerca de 13 casas comunitarias, una de ellas en el delta de Tigre, en las que se asisten a personas en situación de vulnerabilidad que padecen del consumo problemático de estupefacientes.
Las muertes que ocasionó el consumo de la cocaína adulterada fueron 24, de acuerdo a los registros brindados por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Becerra sostuvo que “no son solamente los únicos 20 pibes que se nos perdieron por el consumo, debe haber un número más alto entre pibes que mueren de sobredosis, que caen en cana, que los matan porque salieron a chorear o que los lastimaron los mismos tranzas del barrio porque le deben guita”.
"HAY JÓVENES QUE NI SIQUIERA TUVIERON LA POSIBILIDAD DE ELEGIR SI CONSUMIR O NO CONSUMIR"
“El problema que tenemos dentro de nuestra sociedad con el consumo de sustancias es tremendo”, sentenció y en ese sentido llamó a “escuchar el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones sociales y de distintos actores que tienen espacios de contención y acompañamiento para estos pibes y pibas, para poder entender la problemática más de cerca”. En ese sentido, cuestionó los juicios sociales que se realizan hacia las personas consumidoras y convocó a dejar de lado estigmas tales como 'son unos drogadictos' o que 'lo hacen porque quieren'. “Se plantea que la solución es legalizar y que el Estado sea un ente regulador de las sustancias, como si ese fuese el problema que tienen nuestros pibes”, añadió.
El consumo es transversal a toda la sociedad, pero quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad cuentan con menos herramientas. "Una de las particularidades muy fuerte del sector que trabajamos y acompañamos es que hay un gran porcentaje de jóvenes que ni siquiera tuvieron la posibilidad de elegir si consumir y no consumir. El consumo para nuestros pibes termina cumpliendo un rol central dentro de sus vidas, de tal manera que rompe toda clase de vínculos y red social", explicó Becerra.
"PARA NOSOTROS EL ACTO DE CONSUMIR ES UN PROBLEMA SOCIAL Y POLÍTICO"
"La mayoría de nuestros pibes vive en condiciones precarias y hay situaciones familiares en las que el padre y la madre son alcohólicos o consumidores. Lamentablemente algunas familias también venden consumo para poder sostener la olla en la casa. Se van criando en un entorno que básicamente es lo que tienen al alcance de la mano”, manifestó y agregó que "en los barrios populares hay muy poco acceso a cosas que le permitan pensar en la posibilidad de armar un proyecto de vida". "Nuestros pibes vienen rotos pensando que no sirven para nada y que el acto de consumir es un problema puro e individualmente de ellos. Y para nosotros no es individual, es un problema social y político”, enfatizó en la entrevista emitida por FM Fénix.
Además, marcó que los centros para acompañar los procesos de salud mental "son muy poco accesibles" y explicó que "hay que tener la posibilidad de recibir una beca que permita acceder a alguna comunidad terapéutica, que en su mayoría son privadas, o tener una determinada posición económica que te permita sostener una cuota social para poder acceder".
"La mayoría de los dispositivos que deberían garantizar un tratamiento a los pibes, los deja por fuera".
"Es bastante excluyente, porque si hay un pibe que salió a chorear porque quería comprar consumo y tiene una causa penal, no se lo recibe. Si hay un pibe que no tiene un DNI, tampoco se lo recibe. Si un pibe termina en situación de calle por su problemática de consumo y no hay un referente afectivo que acompañe esa situación, tampoco se lo recibe”, ejemplificó y aseveró: "La mayoría de los dispositivos que deberían garantizar un tratamiento a esos pibes, los deja por fuera".
Al ser consultado por la Ley de Salud Mental, expresó que si bien hay estructuras que están bien armadas, “el problema es que impacte en la realidad”, ya que en muchos hospitales no se cuenta con guardias para atender a los pacientes y " a las 48 horas te dicen 'no, el pibes a mayor, no lo podemos retener' y se van dados de alta".
"Creemos que lo que se tiene que poner en agenda pública es primero el acceso a la salud"
"Eso debería poder reglamentarse para que realmente impacte en la vida de esas personas. Nosotros podemos armar una ley discursivamente hermosa, pero si después no cambia la realidad concreta de la sociedad, hay algo que está mal. Y eso tiene que ver con la falta de presupuesto y con la falta de interés que se le pone al tema”, dijo y adelantó que desde la organización se presentará un proyecto de ley para que se declare la emergencia en adicciones.
"Creemos que lo que se tiene que poner en agenda pública es primero el acceso a la salud", señaló y añadió que el proyecto surge de la necesidad de que "haya un Estado que de alguna manera se haga cargo que a estas personas hay que asistirlas, que la salida no es meter en cana a alguien, discutir si se legaliza o no se legaliza, o si el Estado es el ente regulador de esas sustancias. El problema de nuestros pibes es la falta de acceso a derechos básicos. La droga es el décimo problema que tienen. Antes que eso hay un montón de derechos vulnerados que permiten que esa persona no tenga una determinada estructura armada que permita decir qué sí y qué no".
Más sobre Vientos de Libertad
Sobre el cierre de la entrevista, Becerra contó de qué manera trabaja Vientos de Libertad, cuya organización lleva ya 20 años. “Surgió de la crisis del 2001, cuando también la situación social y socioeconómica estalló y se empezó a acrecentar el consumo. La mayoría de nuestros compañeros referentes y coordinadores de nuestros espacios atravesaron el consumo y tuvieron la posibilidad de hacer un proceso dentro de nuestro dispositivo y después empezar a tomar roles de conducción y acompañamiento en esos esos espacios”.
“Tenemos dos dispositivos, uno es más de convivencia y otro es más del territorio. La mayoría están ubicados a nivel nacional en barrios populares donde realmente está la necesidad, que son centros más ambulatorios, donde se pueden hacer talleres de cultura, de deporte, el Plan Fines. Hay psicólogos que garantizan una terapia grupal e individual de esas personas, como también grupos de trabajos que se encargan de alojar al pibe y a la familia”, relató.
En cuanto al dispositivo de convivencia, indicó, que por cada casa hay alrededor de 70 personas conviviendo y haciendo un proceso más intenso, ya que hay quienes no pueden trabajar su propia problemática con el consumo quedándose dentro del barrio. "Hay algunos que necesitan salir del barrio un tiempo y estar en otro tipo de dispositivo donde hay un equipo las 24 horas, los siete días de la semana que se está encargando de acompañar ese proceso de cambio", detalló.
En cuanto al financiamiento, dijo que se financian "a través de un acuerdo con el Sedronar que manda recursos para que esas casas se puedan desarrollar", aunque dijo que "eso fue después de un montón de años en los que tuvimos que ver de dónde sacar un paquete de yerba, de fideos, de arroz, para que mínimamente se pueda garantizar la comida de los pibes". "Evidentemente esto no alcanza, porque tenemos espacios por todos lados y todos colapsan, literalmente", culminó.
