El exintendente de Moreno, Walter Festa, aceptó un acuerdo de juicio abreviado que establece una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas dentro de la administración municipal durante su gestión.
La propuesta fue presentada por el fiscal Guillermo Massaroni ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes y aceptada por el exjefe comunal. Sin embargo, el acuerdo todavía debe ser homologado por los jueces, por lo que resta una resolución judicial para que se haga efectiva la pena acordada.
El expediente incluye acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica. Además de la prisión en suspenso y la inhabilitación, la fiscalía solicitó que Festa cumpla reglas de conducta durante tres años y se haga cargo de las costas del proceso.
El juicio oral estaba previsto para comenzar el 17 de noviembre, pero la fiscalía había presentado el pedido de juicio abreviado el día 5 de ese mes, fuera de los plazos establecidos por la Corte Suprema.
La causa se originó a partir de una investigación sobre designaciones irregulares de personal en la Municipalidad de Moreno. De acuerdo con la acusación, algunas personas incorporadas a la planta municipal no habrían prestado servicios efectivos para la comuna, mientras que el dinero correspondiente a sus salarios habría terminado en manos de un dirigente social. La hipótesis de los investigadores sostiene que esos fondos eran utilizados para financiar actividades políticas partidarias y movilizaciones vinculadas con la gestión del entonces intendente.
La investigación estuvo a cargo de Walter Velázquez, de la UFI N°8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, bajo la responsabilidad de Gabriela Urrutia.
Además de Festa, en el expediente aparecen involucrados la exfuncionaria municipal Lucía Alejandra Vázquez, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga, Hugo Rubén Ortiz y Jorge Alberto Vila.
Entre las irregularidades analizadas también figuran decretos de altas y bajas de personal confeccionados el 5 de abril de 2019, pero con efectos retroactivos al primer día de ese mes. Para la fiscalía, esa documentación podría configurar el delito de falsedad ideológica, al considerar que las designaciones habrían encubierto una operatoria diferente de la registrada oficialmente.
La investigación contra Festa surgió como una derivación de otro expediente judicial que involucró a referentes del Movimiento Octubres, una organización social cuyos integrantes fueron investigados por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales en Moreno. Aquella causa comenzó con la denuncia de una mujer que aseguró que dirigentes de la organización exigían aportes mensuales a personas que recibían programas sociales y aplicaban sanciones a quienes no asistían a reuniones o movilizaciones.
La investigación derivó en allanamientos y en la detención de cuatro referentes del movimiento, entre ellos Hugo Rubén Ortiz. Según lo que indicaron fuentes de la investigación a Semanario Actualidad, las escuchas telefónicas y otros elementos obtenidos durante ese procedimiento permitieron detectar la posible existencia de empleados municipales que cobraban salarios sin cumplir tareas en la administración pública.
Los investigadores sostuvieron que Ortiz habría recibido parte de esos fondos, que presuntamente se destinaban a financiar actividades políticas y manifestaciones de respaldo a Festa.
El acuerdo de juicio abreviado no representa el cierre de todos los expedientes judiciales que involucran al exintendente de Moreno. Festa también enfrenta una investigación por presunto lavado de activos en el fuero federal, junto con su expareja. Esa causa se encuentra a cargo del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón.
En declaraciones a Infobae, Leonardo Sigal, exabogado del exjefe comunal, explicó que una eventual condena en ese expediente podría tener consecuencias sobre la pena de prisión en suspenso acordada en la Justicia provincial.
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