Una investigación de la Justicia Federal de Morón permitió identificar a un grupo de personas acusado de comercializar certificados médicos y formularios falsificados para acreditar controles de salud, vacunación y requisitos educativos necesarios para acceder a beneficios sociales de ANSES. En el marco de la causa, la Policía bonaerense realizó un allanamiento en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde secuestró una importante cantidad de documentación.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el Municipio de Merlo, luego de detectar que a través de redes sociales se ofrecían documentos presuntamente falsos que podían utilizarse para tramitar prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
La causa está a cargo del juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez. Para reunir pruebas, los investigadores realizaron una compra controlada de uno de los formularios ofrecidos, solicitaron información a organismos públicos y empresas privadas y efectuaron tareas de seguimiento sobre las personas sospechadas.
El allanamiento fue realizado por efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense.
Durante el procedimiento encontraron 163 formularios correspondientes a la Libreta de la Asignación Universal por Hijo. De ese total, 12 estaban en blanco, otros 85 contenían datos de beneficiarios pero tenían incompletos los apartados de salud y vacunación, mientras que los 66 restantes presentaban completos los campos correspondientes a salud, vacunación y educación.
Los efectivos también incautaron formularios del Plan Nacer identificados con el Ministerio de Salud de la Nación, documentación vinculada con la Asignación por Embarazo para Protección Social y un certificado de aptitud física con identificación gráfica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los elementos secuestrados había además cuatro sellos identificatorios, tres pertenecientes a profesionales médicas y uno correspondiente a una autoridad educativa. Todo el material quedó incorporado a la investigación y será sometido a peritajes para determinar su utilización en las presuntas maniobras fraudulentas.
Las personas investigadas fueron identificadas y permanecen en libertad, aunque quedaron involucradas en una causa penal caratulada como defraudación contra la administración pública y falsificación de sellos. La Justicia busca establecer si participaron otras personas en la comercialización de los documentos y avanzar en la revisión de los beneficios sociales que pudieran haber sido otorgados mediante la presentación de formularios irregulares.
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