Un conflicto por el uso indebido de un espacio público al costado de la autopista Panamericana escaló en el ámbito judicial. La situación involucra al propietario de una reconocida agencia de autos de Pilar, a la concesionaria vial Autopistas del Sol y a la Justicia Federal. La disputa, que comenzó con una denuncia por la ocupación de un terreno para exhibir vehículos, derivó en el secuestro de nueve rodados y el procesamiento del dueño de la concesionaria que ocupó un predio en Panamericana.
Carlos Alberto G. enfrenta un procesamiento sin prisión preventiva por el delito de desobediencia a un funcionario público. Además, el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.
La causa judicial se inició por una denuncia de Autopistas del Sol. La empresa afirmó que varias concesionarias, entre ellas Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors, utilizaban el terreno parquizado lindante a la autopista, a la altura del kilómetro 39,6 en Pilar, como una playa de exhibición permanente. Según la denuncia, se apropiaron del espacio público, que pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad, como si fuera una extensión de sus locales comerciales.
Tras la denuncia y una investigación preliminar, el juez González Charvay ordenó el desalojo de los vehículos del predio. El pasado 7 de junio, con la intervención de la Prefectura Naval, los responsables de las concesionarias retiraron los automóviles y recibieron una notificación fehaciente de la prohibición de volver a ocupar el lugar.
Cuatro días después, el magistrado ordenó a la Prefectura verificar el cumplimiento de la medida. Los agentes constataron que, mientras las otras agencias acataron la orden, Autos Pilar Premium había vuelto a estacionar vehículos en el terreno fiscal.
Carlos Alberto G. se negó a declarar oralmente, pero presentó un escrito. En el texto, desligó su responsabilidad y atribuyó el hecho a la “torpeza y el descuido” de sus empleados. Sostuvo que él no advirtió la situación y que, de haberlo sabido, habría ordenado la remoción de los autos. Su defensa alegó la ausencia de dolo, un requisito del tipo penal de desobediencia, al afirmar que no fue él quien cometió la acción.
El juez desestimó este argumento en su resolución de procesamiento y afirmó que “ha quedado acreditado en autos, que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden que fue emanada por esta Judicatura”. Agregó que, tras cumplir inicialmente con el desalojo voluntario, el empresario “incurrió en desobediencia al volverlos a estacionar en el lugar de donde los había retirado”.
Por este motivo, el juez ordenó el secuestro de un Audi Q5, un Peugeot 208, tres Toyota Hilux, dos Ford Ranger, una Volkswagen Amarok y una Kia Carnival. En las últimas, le negaron su devolución y el fiscal señaló, además, que la devolución de automotores, como regla general, corresponde a su titular registral. Carlos Alberto G. no figura como propietario de seis de los vehículos, ya que los tenía en consignación para la venta. Respecto a los otros tres, que habría recibido como parte de pago, la situación es similar.
La resolución establece que cualquier devolución a los titulares registrales queda supeditada a una condición: que el imputado instituya a favor del tribunal una caución suficiente y equivalente al valor del rodado, por considerar que los utilizó como instrumentos para cometer el delito.
