Una investigación por narcotráfico y lavado de activos terminó con diez personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de drogas, vehículos, armas y dinero en efectivo, luego de que la Policía Bonaerense realizara 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. La organización tenía una fuerte presencia en Zona Norte, especialmente en San Isidro, San Martín, Vicente López, Tigre y Pilar, donde desarrollaba parte de sus actividades de distribución y contaba con inmuebles vinculados a su funcionamiento.
Durante los procedimientos se incautaron once kilos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de marihuana, 19 vehículos, $92.430.200 y USD 21.550, además de armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y distintos elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.
La investigación comenzó en marzo de 2026 y permitió identificar una estructura criminal encabezada por un sujeto de 52 años, señalado por los investigadores como un narcotraficante con antecedentes de actividad en el partido de San Martín. De acuerdo con la pesquisa, el hombre había continuado dirigiendo operaciones de la organización mientras permanecía privado de su libertad y, una vez recuperada, volvió a ocuparse personalmente de las transacciones de mayor volumen.
Uno de sus principales colaboradores era otro hombre de 43 años, identificado como el encargado de abastecer de drogas a distintos sectores de Zona Norte, particularmente los partidos de Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López. Según lo que indicaron fuentes de la investigación a Infobae, también estaba al frente de una financiera junto con su sobrina, que habría sido utilizada para operaciones de lavado de activos y cambio de divisas.
La organización contaba además con una red de financieras, agencias de automóviles y lavaderos de vehículos que, de acuerdo con los investigadores, funcionaban como pantallas comerciales para encubrir el movimiento de dinero procedente de la venta de estupefacientes.
A esa estructura se sumaban cocheras, oficinas y departamentos distribuidos en San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar, algunos de los cuales eran utilizados para almacenar la droga antes de su distribución.
Los investigadores también identificaron al presunto proveedor principal de los estupefacientes, quien residía en Pilar y tenía comercios en los partidos de Tres de Febrero y en la localidad de Ingeniero Budge. Otro de los integrantes investigados un joven de 25 años, a quien las escuchas telefónicas vincularon operativamente con una banda dedicada a cometer entraderas en Zona Norte.
La organización tenía como principal territorio de comercialización el partido de San Martín y distintos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante los seguimientos, los investigadores determinaron que los compradores entregaban el dinero en Villa Corea, mientras que la droga era retirada en Villa Ballester. Para trasladar los estupefacientes se utilizaban bolsos, mochilas y vehículos especialmente acondicionados con espacios para ocultar la mercadería.
Otro de los hombres de confianza del presunto líder de la banda era un hombre señalado como responsable del abastecimiento de más de diez puntos de venta en Villa Corea y de varios búnkeres ubicados en Villa Hidalgo y Villa La Cárcova.
La banda había retomado el control de los puntos de venta de mayor movimiento después de que su principal artífice recuperara la libertad. Entre ellos se encontraban los ubicados en los barrios conocidos como 9 de Julio, El 18 (Mameluco), Sarmiento, Pegamil y Loyola.
De esta manera, la organización mantenía una estructura que combinaba el abastecimiento de distintos puntos de venta minorista con operaciones de distribución de mayor volumen hacia otros sectores del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Secuestraron once kilos de cocaína, vehículos, armas y millones de pesos
Los 30 allanamientos permitieron incautar once kilos de cocaína distribuidos en diferentes presentaciones. Entre los elementos encontrados había siete panes identificados con el sello de la marca Lacoste, que pesaban en conjunto 7,5 kilogramos, y otro pan con la insignia Louis Vuitton, de 1,5 kilogramos. También se encontraron dos kilogramos adicionales de cocaína compactada en trozos de piedra.
En cuanto a la marihuana, los efectivos secuestraron aproximadamente medio kilogramo de cogollos almacenados en frascos, correspondientes a distintas variedades identificadas como Fuji Juice, AK47, Gkw, Strawberry, Moby Dick, Melonia y Tropical Fruit. También se encontraron nueve balanzas de precisión, presuntamente utilizadas para pesar y fraccionar las sustancias.
Uno de los aspectos más importantes del operativo fue el dinero incautado. Los investigadores contabilizaron 92.430.200 pesos y 21.550 dólares en efectivo, junto con tres máquinas contadoras de billetes y cuatro cajas fuertes. En materia de armamento, se secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con tres cargadores, un revólver calibre 22 y un total de 207 municiones calibre 9 milímetros.
El procedimiento también permitió recuperar 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro pendrives y dos cédulas vehiculares, elementos que quedaron incorporados a la investigación. Además, fueron secuestrados 19 vehículos de distintas marcas y modelos, entre ellos Jeep Compass, Volkswagen Taos, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500.
Para reconstruir el funcionamiento de la organización, las fuerzas de seguridad desarrollaron durante varios meses tareas de inteligencia y seguimiento.
Según detalló Infobae, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de vigilancia, realizaron seguimientos presenciales y colocaron dispositivos de rastreo GPS Tracker LK 208 en varios de los vehículos vinculados con los sospechosos. También utilizaron drones, con autorización judicial, para observar movimientos en sectores de difícil acceso.
Otra de las herramientas centrales fue la intervención de más de 25 líneas telefónicas, que permitió acumular más de 230 horas de escuchas. A ese trabajo se sumó el análisis de antenas de telefonía celular para establecer desplazamientos y conexiones entre los investigados. La información obtenida mediante estas tareas permitió reconstruir las funciones de los distintos integrantes, identificar los lugares utilizados para almacenar estupefacientes y determinar cómo se realizaban las operaciones de distribución y movimiento de dinero.
Con esos elementos, la Justicia autorizó los 30 allanamientos que culminaron con las detenciones y los secuestros. Los diez detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N°7, dirigida por Gregorio Rueda.
La causa se desarrolla en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y lavado de activos, mientras la Justicia analiza los elementos secuestrados y la participación atribuida a cada uno de los imputados.
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