El conflicto por el futuro del ex predio de Obras Sanitarias de la Nación, ubicado en avenida Centenario y Tomkinson, en Beccar, sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes 30 de octubre estaba prevista una pericia ambiental en el terreno de aproximadamente 20 hectáreas, en el marco del juicio que enfrenta a la empresa chilena Cencosud con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Sin embargo, la pericia no se realizó y ahora se abre un plazo de 20 días para definir su continuidad.
La medida había generado expectativas entre los vecinos que desde hace décadas reclaman que el predio sea recuperado por el Estado y transformado en un parque público. La inspección debía permitir avanzar sobre uno de los aspectos centrales de la controversia: determinar las condiciones ambientales del terreno y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Cencosud cuando lo adquirió en la década del 90.
En diálogo con el programa radial de QUEPASA, Elda Cedro, integrante de la Asamblea Barrial de Beccar, organización que participa del expediente como amicus curiae, una figura que permite a terceros aportar argumentos e información de interés para la resolución de una causa, cuestionó el comportamiento de la empresa durante el proceso judicial. "Cencosud vino obstruyendo sistemáticamente el juicio, evitando la pericia ambiental", afirmó.
Según explicó, la compañía argumentó durante años que la remediación ambiental no era materia de discusión en el expediente, aunque esa obligación formaba parte de las condiciones originales de venta del inmueble. Cedro indicó que la empresa recurrió a distintas instancias judiciales para cuestionar la realización de la prueba, incluyendo la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que contribuyó a prolongar el proceso.
Finalmente, el juez Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5, ordenó la inspección que estaba prevista para el viernes 30 de octubre y había sido convocada luego de un extenso proceso de designación de peritos y discusión sobre los puntos que debían evaluarse. El encargado de la pericia es Fernando Regert.
El día anterior a la diligencia apareció una presentación conjunta de Cencosud y la AABE solicitando la suspensión de los plazos judiciales. "Jueves, cuatro de la tarde, miramos el expediente. Habían subido un escrito donde decían que la AABE y Cencosud estaban acordando y pedían suspensión de plazos al juez. Las dos partes firmaban el escrito de manera conjunta", relató.
Cedro explicó que el juez no dispuso inicialmente la suspensión automática de los plazos, sino que dio traslado a las partes para que ratificaran su pedido. Ante esa situación, los integrantes de la asamblea decidieron concurrir igualmente al predio, acompañados por organizaciones ambientales, sociales y vecinos de otros distritos. "Nuestro abogado dijo: 'Tienen que estar presentes, la pericia se tiene que hacer'. Bueno, nos hicimos presentes todos nosotros y, como nosotros, una gran parte de nuestra comunidad y organizaciones medioambientales, gremiales, de todo tipo, que vinieron de distritos cercanos", contó Cedro. Sin embargo, ni el juez ni el perito concurrieron al lugar y la inspección no pudo realizarse.
La referente de la asamblea vecinal también cuestionó una comunicación que, según afirmó, Cencosud mantuvo directamente con el perito designado: la empresa informó en una presentación judicial que había advertido al profesional sobre el pedido de suspensión y que este había señalado que las lluvias registradas durante la semana podían dificultar la realización de la diligencia. "¿Qué hace Cencosud comunicándose directamente con el perito? Y sin suspensión de plazos el perito no se presenta. Eso es muy, muy irregular", cuestionó Cedro.
Ahora, con los pedidos de suspensión ratificados por las partes, queda pendiente la decisión judicial sobre la continuidad del procedimiento y la eventual fijación de una nueva fecha para la pericia. El plazo que tiene la justicia para determinar es de 20 días.
Más de tres décadas de conflicto por uno de los terrenos más importantes de San Isidro
El predio en conflicto perteneció originalmente a Obras Sanitarias de la Nación, que utilizó sus instalaciones para la fabricación de ladrillos y productos destinados a la potabilización del agua. La actividad industrial comenzó a reducirse alrededor de 1970 y, durante la década del 90, el Estado nacional decidió avanzar con su venta.
En 1996, Cencosud adquirió las tierras mediante una licitación pública con el objetivo de construir un gigantesco centro comercial, anunciado entonces como el shopping más grande de Sudamérica. La operación establecía condiciones que la empresa debía cumplir para consolidar el dominio del inmueble. Entre ellas se encontraban la ejecución del emprendimiento dentro de un plazo determinado y la remediación ambiental del terreno, debido a los antecedentes de actividad industrial y utilización de sustancias como ácido sulfúrico.
El proyecto comercial encontró desde el inicio una fuerte resistencia vecinal y dio lugar a una prolongada controversia judicial. En ese contexto también se modificó la legislación provincial que regula la instalación de grandes superficies comerciales. En 2007, la Justicia resolvió favorablemente el reclamo de Cencosud y habilitó la posibilidad de avanzar con el emprendimiento. Sin embargo, la compañía tampoco concretó la construcción durante los años siguientes.
Cedro señaló que, si bien existieron impedimentos durante los primeros años, posteriormente la empresa quedó habilitada para construir. "A partir del 2007 no tenían una sola traba para construir. O sea que en ese plazo de veinte años podrían haberlo hecho perfectamente", afirmó.
Casi una década después, en 2016, la AABE, que entonces estaba presidida por el actual intendente de San Isidro, Ramón Lanús, inició una demanda para recuperar el dominio del terreno, argumentando que la empresa no había cumplido las condiciones establecidas en la operación original.
En 2017, mientras el juicio ya se encontraba en marcha, Cencosud presentó ante el Municipio de San Isidro un nuevo proyecto que contemplaba un paseo comercial, un supermercado Jumbo, un Easy, cines, tres torres y edificios de viviendas. La iniciativa obtuvo la prefactibilidad municipal, pero tampoco se concretó.
Uno de los aspectos centrales del litigio es la obligación de remediación ambiental que asumió la compañía al adquirir el inmueble y el incumplimiento de los plazos para la construcción del proyecto, condición resolutoria para que el holding chileno conservara la titularidad del predio. Cedro aseguró que la empresa intentó evitar la evaluación sobre la remediación y cuestionó también un estudio ambiental presentado por la compañía, elaborado por el ingeniero José Luis Inglese, expresidente de AySA. "Agregaba diez muestras de calidad de aire externo al predio diciendo que no están contaminadas", sostuvo, y consideró que el informe no aportaba elementos suficientes para reemplazar la pericia judicial.
Para la Asamblea Barrial de Beccar, la importancia de esa evaluación excede la controversia patrimonial entre la compañía y el Estado nacional. Los vecinos consideran que el terreno tiene un valor ambiental, urbanístico e histórico que debe ser preservado. "Este predio, primero, tiene una significación en la memoria colectiva. Es un hito urbano, hace a la historia. Detrás, alrededor de este predio y de esta fábrica se desarrolló Beccar", explicó Cedro.
También destacó que el espacio, pese a permanecer cerrado, cumple funciones ambientales relevantes para la zona, vinculadas con la mitigación de inundaciones, la regulación de las temperaturas y la preservación de la biodiversidad. Por este motivo, desde la asamblea sostienen que el predio podría convertirse en un gran parque público con espacios recreativos, educativos y culturales, aprovechando tanto su superficie arbolada como las construcciones industriales que todavía permanecen en pie.
El reclamo vecinal recibió también respaldo institucional. En octubre de 2024, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad una declaración que reconoció el valor del predio como patrimonio público y acompañó la posibilidad de destinarlo a un espacio verde de uso comunitario.
El cuestionamiento a una posible negociación y el futuro del predio
Otro punto de preocupación para los integrantes de la asamblea es la posibilidad de que el conflicto judicial termine resolviéndose mediante un acuerdo económico entre Cencosud y el Estado, algo sobre lo que el actual intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se expresó a favor en reiteradas oportunidades, argumentando que la prolongación y demora del proceso judicial irresuelto genera que el predio continúe en estado de abandono.
En ese sentido, Cedro manifestó su rechazo a cualquier negociación que implique compensar a la compañía o habilitar un desarrollo inmobiliario sobre parte del terreno. "Ellos quieren obtener dinero. Y Cencosud nunca quiso poner dinero, no se quiere retirar sin que lo resarzan de alguna forma", sostuvo.
"Queremos recordarle a nuestro intendente que realmente este lugar no puede ser parte de una negociación. Tiene que pensar en función de una planificación urbana, estratégica, ambiental, pensando no solo en nuestra generación, sino en las que vienen", sostuvo.
Mientras esperan una definición judicial sobre la pericia suspendida, los vecinos continúan realizando actividades comunitarias en las inmediaciones del predio. La Asamblea Barrial de Beccar organiza encuentros, talleres, intervenciones artísticas y actividades solidarias para mantener visible el reclamo.
Para Cedro, la recuperación del terreno permitiría transformar una superficie que permanece cerrada desde hace décadas en un espacio de encuentro para toda la comunidad. "No solo es un parque, hay grandes galpones, porque la fábrica tenía galpones de más de cien metros, con esos ladrillos perfectos que se hicieron. Están en absolutas condiciones de ser refuncionalizados. Podríamos tener ahí todo lo que quisiéramos en educación, cultura, salud", culminó.
Quienes deseen conocer o sumarse a las actividades de los vecinos que buscan que el predio sea un parque público pueden seguir el Instagram @parquepublicobeccar.abran
