Nuevos testimonios de exinternos y familiares aportaron detalles sobre el funcionamiento del centro de rehabilitación de adicciones que operaba en Presidente Derqui, partido de Pilar, y cuyos responsables fueron detenidos semanas atrás. Las denuncias describen un régimen de encierro, sedación forzada y malos tratos hacia los pacientes, mientras la Justicia avanza con la investigación.
Según informó Telenoche, quienes permanecían internados aseguraron que no podían comunicarse libremente con sus familias y que algunos eran retenidos contra su voluntad. De acuerdo con los testimonios difundidos, el establecimiento no contaba con médicos ni personal de enfermería, por lo que la medicación era administrada por los propios internos.
Uno de los aspectos más graves denunciados fue la utilización de una preparación conocida internamente como "jugo loco", una mezcla de ansiolíticos que, según las víctimas, era suministrada a quienes intentaban abandonar el lugar para mantenerlos sedados.
Siempre de acuerdo con esos relatos, los pacientes que manifestaban su intención de irse eran identificados como "los negados". Ese grupo, afirmaron, recibía un trato más severo, permanecía hacinado en una misma habitación y contaba con una alimentación insuficiente.
Entre los casos difundidos se encuentra el de Carina Aguirre, quien relató que recurrió al establecimiento en busca de ayuda para su hijo. Según contó, personal del centro lo retiró de su domicilio y lo trasladó sin su consentimiento. Un mes después, el joven logró comunicarse con ella para denunciar que sufría maltratos y pedir que lo retiraran. De acuerdo con su testimonio, permaneció internado cerca de dos meses contra su voluntad.
Por su parte, Pablo Galfre, integrante de la Unidad de Investigaciones de Derechos y Salud Mental, sostuvo que el establecimiento funcionaba "de forma completamente clandestina". En declaraciones difundidas por Telenoche, explicó que el sitio web del centro no informaba dirección, habilitación ni responsables médicos o terapéuticos. Además, indicó que la cuota mensual rondaba los 700 mil pesos y que la investigación también apunta a un presunto esquema de estafas a las familias y a la utilización de algunos internos como mano de obra.
El establecimiento había operado bajo distintas denominaciones, entre ellas Nuevo Camino, Recuperá tu Camino, Priorizar y Centro de Vida y Familia. Según la investigación, sus responsables ya habían estado al frente de una fundación clausurada anteriormente por irregularidades similares y habrían continuado la actividad utilizando otros nombres e imágenes de la sede cerrada.
La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar y está caratulada, entre otros delitos, como lesiones leves, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, estafa, privación ilegal de la libertad agravada y usurpación de títulos y honores.
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