Un abogado de 35 años fue detenido en San Martín, acusado de falsificar la firma y el sello de una jueza en documentos presentados en causas vinculadas a régimen de visitas y cuota alimentaria.
El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a partir de una denuncia realizada por la titular del Juzgado de Familia N°2 de San Martín, Lorena Martos. Según se informó, la magistrada detectó irregularidades en un expediente donde se le atribuían una firma y un sello apócrifos.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de San Martín, dirigida por la fiscal Verónica Andoniades. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores identificaron a un sospechoso luego de que un particular relatara haber contactado a un abogado a través de redes sociales para resolver cuestiones familiares.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae, el profesional citaba a sus clientes en un domicilio particular que funcionaba como supuesto estudio jurídico, aunque luego se comprobó que el lugar no contaba con habilitación ni registro formal para ejercer la actividad.
Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó dos allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Mariano González. Durante los operativos fue detenido Luciano Martín Rossi y se incautaron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una computadora portátil, un teléfono celular, documentación, dos talonarios de recetarios en blanco y 12 sellos correspondientes a distintas profesiones.
El imputado quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “falsificación de sellos oficiales y falsificación o adulteración material de documentos”.
Este tipo de delitos está contemplado dentro de los delitos contra la fe pública. Según el Código Penal, la adulteración de sellos oficiales puede ser sancionada con penas de entre uno y seis años de prisión, mientras que la falsificación de firmas o marcas utilizadas en organismos públicos prevé condenas de seis meses a tres años.
