En una soleada tarde de sábado, decenas de vecinos y militantes de organizaciones ambientalistas se dieron cita en la plaza Alem para un panel de debate sobre la Ley de Humedales, un tema que desde hace 10 años busca ser tratado en el Congreso de la Nación, aún sin éxito. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en comisión y, como ocurrió a fines del año pasado, podría volver a perder estado parlamentario.
Natalia Souto, diputada nacional de Somos Barrios de Pie, Juan Iracheta, miembro de Alianza por el Clima, y Luciana Mina, integrante de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, encabezaron un panel donde se explicó la importancia de que el proyecto pueda ser tratado en las cámaras para convertirse en Ley.
“Hay una parte de nuestra política y de nuestra sociedad a la que le interesa más el negocio que el bienestar común. La ley no prohíbe, regula el impacto ambiental de la producción para evitar daños en los sistemas ecosistémicos”, expresó Souto y dijo que “es un proyecto consensuado”.
También sostuvo que “hace falta un poco más de sensatez de algunos legisladores y un poco más de presión social”. “La gente en general está interesada por el tema, pero falta información y falta instalarlo en la agenda, por eso hay que llevar esta lucha a cada rincón del país”, indicó la legisladora nacional a QUE PASA, luego de la charla organizada por Cultura Activa.
“Venimos discutiendo hace más de diez años. El proyecto lo elaboramos con todos los sectores de la sociedad civil. Es el dictamen que queremos tratar, es el del consenso”, enfatizó.
Además, dijo que la ley también permitiría contar con un inventario para identificar las zonas definidas como humedales: “Es necesario tener conocimiento de dónde están, hacer un inventario. Es difícil protegerlos si no sabes dónde están. En Vicente López hay tres humedales para proteger, y es necesario tener políticas públicas en favor de eso: uno en La Lucila, otro en Yrigoyen y el río, y el tercero en Tecnópolis”.
Por su parte, Iracheta señaló que “en el tratamiento de este proyecto de ley se ve cómo operan los grandes sectores concentrados, con qué partidos políticos lo hacen, con qué medios, a través del lobby agropecuario y sobre todo minero: si todo sale bien se reanuda el plenario de comisiones este jueves. Está complejo, pero las luchas hay que darlas”.
“En el ambientalismo hay muchas diferencias de praxis política, pero gracias al proyecto hemos logrado la unidad en todo el país. Eso y la articulación con los movimientos sociales, sindicatos y otros actores. Esto hace que la agenda ambiental se masifique. Es un vínculo clave, con el trabajo en barrios y territorios”, definió y agregó: “Tenemos luchas y objetivos comunes. Queremos que sea una sociedad inclusiva y eso no está separado de lo ambiental. Lo ambiental mejora la calidad de vida en los barrios, no solo diciendo lo que está mal, sino también promoviendo herramientas para esas transformaciones. Lo ambiental y lo social van de la mano”.
En este sentido, Mina afirmó que “la afectación del ambiente incluye la afectación a los derechos humanos” y por eso “es urgente el tratamiento de la ley”.
“Hay un consenso histórico de que ningún derecho es absoluto. El derecho a la propiedad encuentra límites en el derecho al ambiente, por tratarse lisa y llanamente de un derecho colectivo afectado por uno individual”, cerró.
