La muerte de Jésica Coria conmociona a la comunidad de Virreyes, en el partido de San Fernando, y expone un problema que vecinos consideran recurrente: las deficiencias en instalaciones de gas en complejos habitacionales precarios.
El hecho ocurrió el 27 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Málaga al 2400. La docente de 44 años había advertido durante varios días un fuerte olor a gas en el departamento que alquilaba, donde vivía con dos de sus tres hijos. De acuerdo al testimonio de su familia a Infobae, el propietario había sido notificado, pero no habría resuelto la situación.
Esa noche, antes de ingresar al baño, Jésica les pidió a sus hijos que permanecieran en la habitación. Al encender la luz, una acumulación de gas provocó una explosión que desató un incendio inmediato. La mujer sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo.
A pesar de la gravedad de las heridas, logró salir del lugar envuelta en llamas. Una vecina la asistió arrojándole una sábana mojada para sofocar el fuego. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Cayetano y luego derivada a la Clínica Santa Juana de Arco, en Ciudadela, donde permaneció internada en estado crítico. Falleció el 3 de abril, una semana después.
El caso no solo generó impacto por la violencia del episodio, sino también por las denuncias posteriores. Familiares de la víctima señalaron al dueño del inmueble y aseguraron que, mientras la docente permanecía internada, habría realizado modificaciones en la instalación para simular que el suministro de gas estaba cortado antes de la explosión.
“Esto no puede quedar así. Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija”, expresó su madre, Antonia, en declaraciones a Infobae. Además, advirtió sobre el peligro que enfrentan otros inquilinos: “Hay ocho familias más viviendo ahí que también corren peligro”.
Según relataron, se trata de un complejo con construcciones precarias y problemas estructurales que ya habían sido advertidos con anterioridad. Este punto se convirtió en uno de los ejes del reclamo, que busca no solo justicia por Jésica, sino también prevenir nuevas situaciones de riesgo.
La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Mentasty, con intervención de la Fiscalía Correccional de San Fernando. El expediente fue caratulado como “estrago doloso seguido de muerte”, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Familiares, amigos y vecinos convocaron a una movilización en la intersección de Avellaneda y Málaga este lunes a las 18 horas para exigir el avance de la investigación y respuestas de las autoridades. El reclamo también apunta a que se inspeccionen las condiciones del lugar, ante el temor de que la tragedia pueda repetirse.
