El conflicto por el cierre de la fábrica de FATE en San Fernando sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº17 ordenó transferir $1.200 millones para pagar parte de los salarios adeudados a 200 trabajadores, utilizando fondos de la compañía que habían sido embargados previamente.
La medida comprende los haberes correspondientes al período entre marzo y junio de 2026 y establece que el dinero deberá distribuirse el viernes 23 de octubre. Sin embargo, el pago no incluirá a los empleados que firmaron acuerdos de retiro voluntario.
La decisión representa un avance en el reclamo salarial de los operarios, aunque no pone fin a la disputa. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) considera que la suma fijada es insuficiente y adelantó que recurrirá la resolución para exigir una liquidación mayor.
El monto establecido por el juzgado quedó en un punto intermedio entre las cifras presentadas por las partes. Mientras el SUTNA había solicitado el pago de $1.800 millones, la empresa sostenía que la deuda correspondiente era de $600 millones.
La resolución se produjo después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara avanzar con el pago de los salarios reclamados. A partir de esa intervención, el juzgado de primera instancia determinó la cantidad de dinero que deberá distribuirse entre los trabajadores alcanzados por la medida cautelar.
Desde el sindicato cuestionaron el cálculo judicial al considerar que no reconoce adecuadamente la antigüedad de los operarios ni contempla la actualización de los salarios por inflación. Por ese motivo, anticiparon que presentarán una apelación. Además, el gremio impulsará nuevas acciones para reclamar los haberes correspondientes desde el 1º de julio de 2026, que no fueron incluidos en esta resolución.
Otro de los puntos que mantiene abierto el conflicto es la situación de los trabajadores que aceptaron desvincularse de la empresa mediante acuerdos de retiro voluntario. El SUTNA sostiene que esos convenios fueron firmados en un contexto de fuerte presión económica, luego de varias semanas sin percibir los salarios. Por esa razón, buscará que la Justicia declare su nulidad.
La disputa laboral se inició el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre de su establecimiento industrial de San Fernando, una decisión que afectó inicialmente a unos 920 trabajadores. Desde entonces, los operarios mantienen protestas y un acampe para reclamar el cumplimiento de las obligaciones salariales y la continuidad de sus puestos de trabajo.
Uno de los antecedentes centrales del conflicto es un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, que tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Según indicaron desde el SUTNA, la empresa había recibido beneficios impositivos del Estado a cambio de garantizar la estabilidad de su personal durante ese período.
En abril, la Justicia dispuso un embargo cercano a los $3.000 millones sobre bienes y fondos de FATE, en el marco de actuaciones relacionadas con el presunto incumplimiento de obligaciones laborales y de la conciliación obligatoria. Posteriormente, se ejecutaron aproximadamente $500 millones para cubrir tres quincenas salariales pendientes entre febrero y marzo. La nueva transferencia de $1.200 millones constituye otra instancia de utilización de los fondos embargados para atender los reclamos de los trabajadores.
En paralelo con las resoluciones vinculadas a los salarios, la Sala II de Garantías revocó una orden de desalojo que había sido dictada en septiembre. La decisión permite que los trabajadores continúen con el acampe y las protestas en las inmediaciones de la planta de San Fernando mientras se desarrolla el conflicto.
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