Un grupo de intendentes bonaerenses del peronismo se presentó este miércoles al mediodía en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, para entregar un petitorio en el que expresan su rechazo al desfinanciamiento de los programas alimentarios escolares, en el marco de un creciente conflicto entre la Nación y la Provincia.
La iniciativa apunta directamente a la gestión del presidente Javier Milei, a la que el gobierno de Axel Kicillof acusa de haber recortado de manera sostenida los recursos destinados a la asistencia alimentaria de casi “3 millones de niñas, niños y adolescentes” en territorio bonaerense.
Según un comunicado oficial de la Provincia, “en 2024, comenzó apropiándose para destinar a la especulación financiera el 34% de esos recursos, al año siguiente se quedó con el 41% para el mismo destino y para este año pretende quedarse, para idéntico propósito, con el 54% de las partidas que deberían asignarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y a la incorporación de financiamiento para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria)”.
En esa línea, los intendentes dejaron constancia en el documento presentado de la “absoluta falta de sensibilidad social y de la retención indebida de fondos” por parte del Gobierno nacional, en relación a partidas que, sostienen, deberían ser destinadas a garantizar la alimentación en las escuelas.
De acuerdo a los datos expuestos, durante 2024 la Nación envió el 66% de los fondos necesarios —$70.500 millones sobre un total de $105.000 millones—, mientras que en 2025 la proporción descendió al 59%, con transferencias por $77.500 millones frente a los $131.000 millones requeridos. Para el año en curso, la proyección indica que el Ejecutivo nacional giraría apenas el 46% de las partidas estimadas, en un contexto de fuerte incremento de precios.
Desde la Provincia remarcan que el sistema alimentario bonaerense, implementado a través de municipios y consejos escolares en los 135 distritos, constituye “el dispositivo alimentario de mayor alcance a nivel nacional”, al garantizar desayuno, almuerzo, merienda y refuerzos para millones de estudiantes.
En representación de los jefes comunales, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, advirtió sobre la gravedad de la situación: el Gobierno nacional pretende que “de cada 10 chicos que van a las escuelas bonaerenses, solo coman 4”. Además, afirmó: “Nos están debiendo 177.000 millones de pesos para el programa alimentario escolar y es una situación crítica”.
Durante el encuentro también se presentó un informe elaborado por economistas de la FAM, que señala que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 “es de casi el 300%”, al tiempo que advierte que una porción significativa de la compra de alimentos se realiza con financiamiento: “casi la mitad de las compras de comida se hace con tarjeta de crédito, que después se pedalea”.
El planteo de los intendentes se complementó con datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que indican que solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto “enfrenta algún tipo de inseguridad” en el acceso a los alimentos.
La presentación formal del petitorio ante la cartera nacional se da así en un escenario de creciente tensión política entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, con el financiamiento de políticas sociales como uno de los principales ejes de disputa.
