La Cámara de Diputados y el Senado de la provincia de Buenos Aires sesionarán este viernes a partir de las 14 horas con el objetivo de convertir en ley el Presupuesto 2025, la iniciativa fiscal y el proyecto de endeudamiento propuesto por el gobierno de Axel Kicillof. Sobre el filo de la jornada, el oficialismo bonaerense parecería haber logrado desanudar las trabas para sancionar la tríada de proyectos.
Las negociaciones se complicaron de cara al tratamiento en el marco de la interna que sostienen el gobernador y La Cámpora, y por los desacuerdos en torno a aspectos clave de las tres leyes. También estaba en juego el aval de los dictámenes de unos 206 pliegos de funcionarios judiciales que deben votarse en el recinto.
En las últimas horas, intendentes, centrales obreras y dirigentes de movimientos sociales pidieron por la aprobación del presupuesto y las negociaciones habrían logrado morigerar la postura de algunos diputados y senadores de Unión por la Patria que se encontraban en contra de su tratamiento.
La propuesta de endeudamiento por 1,2 billones de pesos será el desafío más grande que afronte este viernes por la tarde el oficialismo bonaerense dado que requiere las dos terceras partes de los votos de ambas cámaras legislativas.
El proyecto de Presupuesto no contempla la emisión de nueva deuda: el proyecto de endeudamiento es para pagar deudas que había dejado la administración de María Eugenia Vidal, explicaron fuentes de la gobernación.
El proyecto de Presupuesto General 2025 girado por el Ejecutivo prevé un cálculo de gastos por 34,3 billones de pesos. En el articulado de la iniciativa se incluye la renovación de las leyes de emergencias administrativas, económicas, en seguridad e infraestructura con las que viene gestionando Kicillof desde que asumió, en diciembre de 2019.
En tanto, se acordó que la ley Fiscal tenga topes del 28% aumento en el impuesto inmobiliario y del 20% en el impuesto Automotor, en tanto que se mantendrán las alícuotas de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos.
La oposición exige que el techo de aumento para el impuesto de Inmobiliario Urbano sea de 28%, y que además se suprima el artículo 163 que otorgaría “facultades delegadas” a ARBA para aplicar incrementos de hasta el 100%.
