Seis integrantes de las Fuerzas Armadas fueron procesados por la brutal agresión sufrida por Brisa Páez, una joven de 21 años que forma parte de la Tropa Voluntaria de la Armada Argentina, durante un entrenamiento antidisturbios realizado el pasado 4 de abril en la base militar de Vicente López.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, consideró que los hechos investigados reflejan un “evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género” y cuestionó las prácticas irregulares detectadas en el ámbito castrense. La víctima permaneció once días en coma inducido y sufrió una grave lesión cerebral que puso en riesgo su vida.
El caso tuvo como principal imputado a Juan Gabriel Escobar, cabo segundo de la Armada y ex pareja de Páez, a quien se acusa de haberle propinado una patada en el marco del entrenamiento, simulando una situación de control de disturbios. Según los testimonios recogidos, Escobar habría actuado con alevosía, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y el contexto simulado para agredirla, motivado por celos, maltrato previo y una relación desigual de poder.
Escobar fue procesado con prisión preventiva por el delito de lesiones graves triplemente agravadas, mediando violencia de género y abuso de autoridad. La jueza también ordenó un embargo por seis millones de pesos sobre sus bienes.
Otros cinco integrantes de la Armada también fueron procesados: Leandro Morales, cabo primero, por lesiones culposas en concurso con abuso de autoridad; Miguel Ángel Reyes, suboficial principal, encargado de la seguridad en la base, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Leandro López, Rodrigo Exequiel Tejerina y Pablo Ezequiel Bucarón, instructores del entrenamiento, por los mismos delitos. En tanto, Damián Ezequiel Ábalos y Diego Emanuel Ferraut fueron desvinculados del expediente y sobreseídos.
Del expediente judicial surge que los responsables intentaron ocultar lo ocurrido y presionar a los demás participantes para que dijeran que las lesiones habían sido causadas en otro contexto. En su resolución, la jueza ofició al Ministerio de Defensa y al Senado para poner en conocimiento la gravedad de los hechos.
