Rocío Fernández: “No se puede seguir exigiendo que los usuarios hagamos todo el esfuerzo”

La Defensora del Pueblo de Escobar, y Secretaría de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se manfestó ante la posibilidad de un nuevo incremento tarifario en el marco del proceso de licitación de compra de gas que realizan las empresas distribuidoras. “Ahora además tenemos que cargar con las diferencias económicas entre productores y distribuidores. Es incomprensible".

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En las últimas horas, Rocío Fernández, defensora del Pueblo de Escobar y secretaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se expresó frente a lo que podría ser un nuevo procedimiento tendiente a regular la compra de gas por parte de distribuidores a productores y, en este sentido manifestó que “en ningún caso debe generar cargos o costos extras en las tarifas, siendo insoslayable la convocatoria de audiencia pública para brindar a los usuarios información adecuada y veraz”.

“Los Defensores del Pueblo nucleados en ADPRA manifestamos nuestra preocupación al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por los incrementos en las tarifas del servicio público de gas que realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra de gas. En este marco, participaremos de una reunión conjunta con los representantes del Ente el próximo 12 de febrero”, informó Fernández.

Además, explicó que el documento emitido recientemente por Adigas, la Asociación de distribuidoras de gas, manifiesta que “de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigente, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios”.

“Rechazamos la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, ya que que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación”, enfatizó, y concluyó: “Sostengo que debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaría de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte”.