El Municipio de San Isidro denunció penalmente a la empresa de seguridad privada del barrio cerrado Ovejitas I, en Beccar, y solicitó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires su sanción e inhabilitación, luego de que sus vigiladores impidieran el ingreso de efectivos policiales que buscaban delincuentes en la zona. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de octubre, poco antes de que tres ladrones asaltaran a Tomás Makintach, hermano de la exjueza Julieta Makintach, dentro del mismo predio.
La presentación judicial fue formalizada este martes por el Municipio y se fundamenta en los artículos 239 y 277 del Código Penal, que contemplan los delitos de resistencia o desobediencia a un funcionario público y de encubrimiento mediante la ayuda a una persona para eludir la investigación o la acción de las autoridades.
La decisión se tomó a raíz de la actuación del personal de seguridad privada durante dos momentos de aquella madrugada: primero, cuando negó el acceso a los policías que intentaban localizar a sospechosos que se desplazaban por los techos de las viviendas cercanas y, posteriormente, cuando permitió la salida del vehículo en el que los asaltantes escapaban con Makintach privado de su libertad.
Todo comenzó alrededor de las 2.30 del domingo, cuando una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 alertó a la Policía porque escuchaba movimientos sobre los techos de las propiedades de la zona. Ante el aviso, un móvil de la Patrulla Municipal y efectivos del Comando de Patrullas de la Policía bonaerense desplegaron un operativo cerrojo alrededor de la manzana y comenzaron a inspeccionar las viviendas linderas para intentar localizar a los sospechosos.
Durante el procedimiento encontraron sobre el techo de la casa de la denunciante un bolso que contenía un crique, elemento que fue secuestrado. Los policías sospecharon que los delincuentes podían haber escapado hacia el barrio cerrado lindero y solicitaron autorización para ingresar y continuar con la búsqueda.
Sin embargo, los vigiladores privados les negaron el acceso al predio. Como consecuencia, los efectivos no pudieron revisar el interior del barrio y el operativo terminó sin que se lograra localizar a los sospechosos. Poco después se produjo el asalto a Makintach dentro de ese mismo barrio cerrado.
El asalto ocurrió alrededor de las 3.30 en una vivienda ubicada en Guido 2555, dentro del barrio cerrado Ovejitas I. Allí, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la propiedad de Tomás Makintach, de 47 años, y permanecieron en el lugar alrededor de 40 minutos.
Durante ese tiempo, los asaltantes sustrajeron 1.000 dólares en efectivo, realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde una cuenta de Mercado Pago de la víctima y se llevaron un teléfono Samsung S26 Plus, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. También robaron los dos juegos de llaves de un Honda Civic estacionado sobre la calle Guido.
Según la información obtenida por QUEPASA de fuentes vinculadas a la investigación, los delincuentes serían tres jóvenes de entre 18 y 25 años que portaban un cuchillo. Durante el asalto, Makintach no fue golpeado ni atado. Una vez concretado el robo, los ladrones obligaron a la víctima a subir a su camioneta Ford Kuga y abandonaron el barrio cerrado llevándola cautiva. En ese momento, el personal de seguridad privada habilitó la salida del vehículo.
Los delincuentes escaparon por las calles Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, Makintach consiguió salir de la camioneta y ponerse a salvo. Los asaltantes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie en dirección al barrio San Cayetano, de Beccar.
Tras lo ocurrido, el Municipio de San Isidro decidió avanzar contra la empresa encargada de la vigilancia del barrio cerrado por haber obstaculizado el procedimiento policial. Además de la denuncia penal, la administración municipal presentó un pedido formal de sanción e inhabilitación ante el Ministerio de Seguridad bonaerense, organismo responsable de regular la actividad de las empresas de seguridad privada en la provincia.
La presentación se apoya también en la Ley provincial 12.297, que establece que los prestadores de servicios de seguridad privada tienen la obligación de cooperar y asistir a las autoridades policiales y a los organismos de persecución penal en cuestiones relacionadas con las personas y los bienes que se encuentran bajo su vigilancia, custodia o protección.
Por otra parte, desde el Municipio informaron que ya fueron entregadas a la Fiscalía interviniente las imágenes de las cámaras de seguridad municipales ubicadas tanto en las inmediaciones del barrio cerrado como a lo largo del recorrido que realizaron los delincuentes durante la fuga.
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