Una adolescente de 13 años murió ahogada el sábado pasado en la pileta de un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, en un hecho que es investigado por la Justicia y que ya tiene tres personas imputadas. La víctima, identificada como Renata, asistía de manera habitual al establecimiento, donde participaba de actividades destinadas a jóvenes con discapacidad.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Escobar, que busca determinar las responsabilidades del personal a cargo durante la jornada en que ocurrió el hecho. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, la menor habría estado cerca de 30 minutos bajo el agua sin que su ausencia fuera advertida.
La reconstrucción del caso se apoya, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad del lugar. “Renata tenía trece años y murió ahogada en una pileta sin que nadie la viera. Tenía una discapacidad y frecuentaba ese centro terapéutico todos los fines de semana. Entró a la pileta, nadie la controló, nadie la vio”, afirmaron desde Infobae y señalaron que “las cámaras de seguridad muestran cómo entran seis chiquitos a la piscina y de repente nadie los controla”.
El centro, identificado como AUPA, funciona como espacio de contención y actividades para personas con distintas discapacidades. Según se informó, la adolescente asistía desde hacía aproximadamente un año y medio y presentaba una limitación motriz que le impedía movilizar con normalidad el lado izquierdo de su cuerpo, por lo que requería asistencia constante, especialmente en actividades acuáticas.
Siempre de acuerdo con la información publicada por Infobae, cuando el personal advirtió la ausencia de la menor se inició una búsqueda dentro del predio y finalmente fue encontrada sin vida en la misma piscina donde se desarrollaba la actividad.
En el marco de la investigación, tres personas fueron imputadas: guardavidas y un terapeuta que se encontraban a cargo del grupo al momento del hecho. La fiscalía analiza su grado de responsabilidad en función de las tareas de supervisión que debían cumplir.
El caso también incorpora antecedentes mencionados por la familia de la víctima, que, según el mismo medio, había advertido previamente sobre posibles fallas en los controles dentro de la institución. Tras el hecho, los familiares reclaman el avance de la causa judicial y el esclarecimiento de lo ocurrido.
Mientras tanto, el establecimiento continúa en funcionamiento y la investigación judicial sigue su curso para determinar eventuales responsabilidades penales.
