La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó la multa aplicada por la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro a una entidad bancaria, luego de un reclamo presentado por una vecina de Martínez que denunció un fraude por más de 7 millones de pesos en su tarjeta de crédito.
La resolución judicial ratificó las sanciones económicas impuestas por el organismo municipal al considerar que el banco incumplió con su obligación de brindar información adecuada a la clienta sobre las operaciones cuestionadas y, además, no asistió a dos de las audiencias de conciliación convocadas durante el trámite administrativo.
El conflicto se inició el 20 de mayo de 2024, cuando la mujer ingresó a su homebanking y detectó consumos que desconocía por un total de $7.116.189. Tras advertir la situación, realizó el correspondiente desconocimiento de las operaciones ante la entidad emisora de la tarjeta de crédito.
Según surge del expediente, la clienta recibió sucesivos rechazos a sus reclamos. Con el paso de los meses, el banco únicamente acreditó dos de los consumos desconocidos, por $62.400 y $480.000, aunque continuó exigiendo el pago del resto de la deuda sin brindarle explicaciones ni fundamentos técnicos sobre el origen de las operaciones observadas.
Ante la falta de una respuesta satisfactoria, la vecina presentó una denuncia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro a mediados de octubre de 2024, dando inicio al procedimiento administrativo.
Durante el desarrollo del expediente, el organismo convocó cuatro audiencias de conciliación con el objetivo de acercar a las partes y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, la entidad financiera no compareció a dos de esas audiencias, pese a haber sido notificada en tiempo y forma.
Finalizada la investigación sumarial, Defensa del Consumidor concluyó que el banco había vulnerado los derechos de la usuaria y resolvió aplicarle una doble sanción económica.
La primera multa, de $7.396.800, fue impuesta por considerar que la entidad "no brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a las transacciones desconocidas". A ello se sumó una segunda sanción de $1.541.000 por no haber concurrido a dos de las cuatro audiencias fijadas durante el procedimiento administrativo. En conjunto, las multas alcanzan un monto cercano a los 9 millones de pesos.
Tras conocerse la decisión judicial que confirmó la resolución administrativa, desde la Dirección General de Defensa del Consumidor remarcaron la responsabilidad de las entidades financieras en este tipo de situaciones. "Las entidades bancarias y de crédito tienen la obligación legal y profesional de garantizar la seguridad de sus plataformas; no pueden trasladar el riesgo tecnológico ni la carga de la prueba a los usuarios", señalaron desde el organismo.
También cuestionaron la ausencia del banco en parte del proceso conciliatorio. "El 'faltazo' sistemático a las citas del Estado no es gratuito. Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria despreciando el tiempo de los ciudadanos", expresaron.
La entidad financiera apeló la resolución administrativa con el objetivo de dejar sin efecto las sanciones impuestas. No obstante, la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó sus planteos y confirmó la decisión adoptada por Defensa del Consumidor de San Isidro. Como consecuencia del fallo, el banco deberá afrontar el pago de la totalidad de las multas, que serán liquidadas con los montos actualizados al momento de su ejecución.
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