OPINIÓN - Por Lic. Pablo Parola, Director de Autonomía Local.
Como ciudadanos, la mayor parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo social transcurre en ciudades, sin embargo, son pocos los espacios con los que contamos actualmente para influir en ellas, y la mayoría de las veces, se nos niega el derecho a transformar nuestra ciudad de manera colectiva.
La ciudad, escribió una vez el sociólogo urbano Robert Park, es:
“Es uno de los intentos más consistentes, y más exitosos del hombre, de rehacer el mundo en el que vive a partir de sus anhelos más profundos. Si la ciudad, en todo caso, es el mundo que el hombre ha creado, es también el mundo en el que está condenado a vivir. Así, de manera indirecta y sin una conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el hombre se ha rehecho a sí mismo.”
Por ello, es necesario que cada uno de nosotros comprendamos a la ciudad como el ámbito central para igualar de oportunidades, y reducir las desigualdades. En este sentido, es necesario incorporar el concepto de “derecho a la ciudad”, el cual no es ni más ni menos que el derecho de participar en el diseño de políticas integrales locales, y luchar por los derechos urbanos, como a la vivienda, el espacio público, los servicios básicos, el transportes, entre otros, y los derechos sociales, económicos, desarrollo sostenible, medio ambiente, culturales y políticos.
El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a transformarla para beneficio colectivo. Es un derecho individual y colectivo de todo habitante, reconociendo a las ciudades como espacios de ejercicio y garantía de los derechos, a fin de asegurar la distribución y el beneficio equitativo, universal, justo, democrático y sostenible de los recursos, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen las ciudades.
De esta forma, el derecho a la ciudad supone algunos aspectos como:
- Ciudades donde se garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos sus habitantes.
- Ciudades democráticas, transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento ciudadano.
- Ciudades como bienes comunes de todos sus habitantes donde los derechos humanos priman sobre los procesos de privatización, de renta especulativa que conlleva la exclusión de las mayorías, y donde se rescatan los centros históricos degradados evitando la gentrificación.
- Ciudades sostenibles, que mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno medio ambiental y natural que les rodea.
- Ciudades donde la economía mira por el bienestar de sus habitantes, basadas en un desarrollo económico local sostenible.
- Ciudades multiculturales, que valoran la riqueza de las migraciones.
- Ciudades donde el espacio público es de todos/as, y donde se reconoce la necesidad de estos espacios para la libertad de expresión, para los múltiples usos de la ciudad.
- Ciudades donde se garantizan los derechos culturales por la inclusión social.
En definitiva, si bien en nuestro país corremos desde atrás en la carrera por revalorizar las gestiones y los gobiernos locales, para avanzar hacia sociedades más igualitarias, con mayor participación ciudadana, autodeterminación y autogestión, es necesario profundizar en el debate por la autonomía municipal, la cual es la herramienta fundamental para poder ejercer de manera efectiva nuestro derecho a la ciudad.
Por Lic. Pablo Parola, Director de Autonomía Local.
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