El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó al exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, por irregularidades detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2023. Según el fallo emitido en el mes de abril de este año, se le impuso una multa de $1.450.000 y se lo responsabilizó, junto a otros funcionarios de su gestión, por cargos solidarios que suman $83.786.324,06. En total, el organismo formuló observaciones con responsabilidades de Zabaleta por un monto de $84.101.418,12 considerando que se produjo un “perjuicio al erario público”.
Además de Zabaleta, fueron alcanzados por el fallo funcionarios que ocupaban cargos jerárquicos en distintas áreas del municipio: Carlos Augusto Dichiara (Hacienda), Gustavo Gabriel Schiariti y Pablo Javier Suárez (Contaduría), Alejandro Torres (Tesorería), Facundo Cadavid y Mario Rafael Ochoa (Obras Públicas e Infraestructura), Damián Alejandro Feu (Seguridad), y Agustín Castro Bravo y Juan Ignacio Accattoli (Compras), entre otros.
Gastos sin respaldo: alquileres, bonificaciones y obras públicas
De acuerdo con el fallo, durante 2023 varias secretarías municipales contrataron camionetas, camiones y otros vehículos sin presentar la documentación exigida. En numerosos casos no se identificaron las patentes ni la titularidad de los móviles, y la información entregada fue parcial, ilegible o incompleta. El Tribunal también cuestionó la falta de justificación sobre la necesidad de esos alquileres, considerando que algunas áreas ya contaban con flota propia.
“El municipio mandó documentación parcial, no informó sobre superposición de períodos contratados, ni acompañó documentación que permitiera identificar patente y titularidad de los vehículos”, sostuvo el organismo. Por este motivo, se ordenó constituir una reserva para analizar el posible perjuicio económico derivado de las contrataciones.
También según el fallo, se detectaron pagos a funcionarios sin respaldo efectuados bajo los conceptos de “Bonificación por Capacitación” y “Bonificación por Dedicación Exclusiva”. En ambos casos, el Tribunal señaló que no se adjuntó documentación que justifique su otorgamiento ni se presentaron decretos individuales, legajos o constancias de los cursos.
En materia de obra pública, el Tribunal observó irregularidades en la certificación de avance de la refacción del Microestadio de Villa Tesei, tramitada mediante la Licitación Privada N° 121/23. El Certificado de Avance de Obra N° 1, que informaba un progreso del 76%, no contaba con la firma del Inspector de Obra ni del representante técnico de la empresa adjudicataria, Guido Santiago Franco Labate. Solo figuraban las firmas de Zabaleta y del secretario Mario Rafael Ochoa. Para el Tribunal, esto configuró un incumplimiento normativo que justifica sanción, y se ordenó verificar la finalización efectiva de la obra, que aún no está concluida.
Contrataciones directas y el reclamo millonario al exintendente
Otro punto muy relevante del fallo es el de las contrataciones directas. El tribunal sostuvo que en varios casos se realizaron este tipo de contrataciones cuando correspondía realizar licitación pública. Uno de los casos señalados fue la adjudicación de trabajos de refacción en las Escuelas N° 3 y N° 25 a la empresa Desarrollos Beccar S.A., por más de $168 millones. Según el Tribunal, el municipio justificó el procedimiento con una doctrina “no relacionada con el tema aquí cuestionado”, y concluyó que se había incumplido el artículo 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Los cargos en los que figura Zabaleta, ya sea de manera individual o compartida, suman $83.786.324. A ese monto se agregan otras observaciones menores que no lo involucran directamente, y que elevan el total del reclamo a más de $84 millones. Según el organismo, si no se demuestra la legalidad de los gastos observados, el ex intendente y los funcionarios involucrados deberán devolver ese dinero al municipio.
