Un nuevo capítulo se suma a la polémica por el proyecto inmobiliario Barrancas de Alvear, previsto sobre un predio ubicado en General Alvear 1495, en Martínez, junto a las vías del Tren de la Costa. Concejales del espacio político que conduce el ex intendente Gustavo Posse y distintos sectores del peronismo impulsaron la convocatoria a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Isidro para este miércoles 14 de octubre, con el objetivo de tratar un proyecto de resolución que propone rechazar el emprendimiento y solicitar al Ejecutivo municipal que archive definitivamente el expediente.
La convocatoria fue impulsada por concejales de distintos espacios de la oposición, entre ellos la Unión Cívica Radical (UCR) y Acción Vecinal San Isidro es Distinto, que integran el possismo, junto con representantes del Frente Renovador y del sector del peronismo que acompaña al gobernador Axel Kicillof.
No es la primera vez que la oposición convoca a una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante por este tema. Sin embargo, los bloques que impulsan estas iniciativas no cuentan por sí solos con la mitad más uno de los concejales necesarios para alcanzar el quórum y no lograron reunir la cantidad de presentes requerida para sesionar.
La sesión de da en concordancia con acciones que llevan adelante un sector de los vecinos de la zona que rechazan el proyecto. Los mismos estuvieron realizando convocatoria para juntar firmas y darle volumen a la proteste por el avance de este desarrollo.
Un proyecto que fue modificado, pero sigue generando cuestionamientos
El emprendimiento inmobiliario se proyecta sobre un terreno de 21.870,49 metros cuadrados, ubicado en General Alvear 1495/1501, en un sector residencial de Martínez caracterizado por sus viviendas de baja densidad y su cercanía con la barranca del Río de la Plata. La propiedad, que durante la década de 1990 fue residencia del empresario Alfredo Yabrán, pertenece actualmente al empresario Daniel Eduardo Sielecki, vinculado a distintos sectores económicos, entre ellos la industria farmacéutica a través de Elea-Phoenix.
La propuesta presentada este año contemplaba originalmente la construcción de 30 viviendas y fue sometida a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que incluyó una instancia de consulta pública para que los vecinos pudieran formular observaciones. Posteriormente, el 25 de septiembre, la empresa desarrolladora presentó una reformulación del emprendimiento que implicó pasar de un único bloque edilicio a dos volúmenes, modificar la distribución de las construcciones y reducir la cantidad de unidades.
Sin embargo, las modificaciones no terminaron con los cuestionamientos. Tanto los vecinos que se oponen al desarrollo como los sectores políticos que impulsan su rechazo mantienen las objeciones ambientales, urbanísticas y viales. En particular, sostienen que la nueva propuesta continúa contemplando viviendas multifamiliares en una zona residencial de baja densidad podría comprometer la preservación de la barranca y modificar las características urbanísticas del barrio.
Los argumentos para pedir el rechazo definitivo
El proyecto de resolución presentado por el possismo plantea una serie de cuestionamientos ambientales, técnicos y urbanísticos que, según sus autores, justifican el rechazo definitivo del emprendimiento Barrancas de Alvear.
En primer lugar, señala que la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la desarrolladora revela "graves irregularidades formales, inconsistencias técnicas e incumplimientos procedimentales que tornan inviable su tramitación y aprobación". En particular, advierte que el documento carece de las firmas de los profesionales mencionados en su elaboración.
Uno de los puntos centrales está relacionado con la estabilidad del terreno. La iniciativa cuestiona que los estudios geotécnicos necesarios para verificar el comportamiento de la barranca se realicen recién antes de comenzar la construcción, lo que, según el texto, implica "violando abiertamente el Principio Preventivo y Precautorio" establecido en la legislación ambiental.
Sobre la preservación del arbolado, el proyecto sostiene que las inspecciones de la Dirección General de Arbolado Público detectaron "discrepancias en el relevamiento" y la presencia de "cepas", es decir, troncos cortados a nivel del suelo, lo que considera "un indicio vehemente de talas e intervenciones no autorizadas".
También cuestiona las conclusiones del estudio vial presentado por la desarrolladora. Según la resolución, las calles Alvear y Sebastián Elcano "no operan en un holgado 'Nivel de Servicio A', sino en un estado de saturación y colapso operativo de 'Nivel de Servicio E/F'".
Respecto del movimiento de suelo, advierte que la construcción contempla "la excavación de 48.000 m3 de tierra, equivalentes a 6.000 viajes de camiones pesados (12.000 movimientos de tránsito pesado)", lo que implicaría, según sus cálculos, el paso de un camión de gran porte cada ocho minutos por calles con una pendiente del 15%.
La reformulación presentada por la empresa el 25 de septiembre también es objeto de cuestionamientos. Los concejales sostienen que "no constituye una mera aclaración, sino una sustitución por un proyecto edilicio sustancialmente nuevo", al pasar de un único bloque a dos volúmenes y modificar otros aspectos de la propuesta. En ese sentido, consideran que avanzar sin una nueva instancia de participación ciudadana vulneraría las garantías del procedimiento ambiental.
Por último, el texto advierte que "pese a la reducción de unidades, la propuesta mantiene la tipología multifamiliar en una zona de baja densidad con zonificación Rb2 y en pleno sistema de barranca", lo que, según sus autores, sentaría un precedente urbanístico para otros sectores residenciales del distrito.
A partir de estos argumentos, el proyecto solicita que el Concejo Deliberante exprese su "más enérgica oposición y el categórico rechazo" al emprendimiento y que requiera al Departamento Ejecutivo "la desestimación in limine y el archivo definitivo del expediente", por considerar que incumple requisitos formales y sustanciales de la normativa ambiental nacional, provincial y municipal.
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