La justicia confirma el fallo para que Tigre y Provincia brinden servicios básicos al barrio Garrote

Esta causa se inició en junio de 2016 por el incumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que reconoce principios y crea instrumentos de gestión urbana para hacer efectivo el derecho a un hábitat digno.

La justicia confirmó la resolución del juez Luciano Enrici del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, que prevé que tanto el Municipio de Tigre como así también la provincia de Buenos Aires, se encarguen del suministro de servicios urbanos básicos al barrio Garrote.

Este fallo salió en junio de 2016 y ordenaba al municipio y a la provincia de Buenos Aires que provea de manera inmediata agua potable y servicios de recolección de residuos, limpieza de pozos ciegos y desagües cloacales, pero los gobiernos municipal y provincial apelaron la resolución de primera instancia.

Días atrás, la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín dio la derecha a la medida dictada por Enrici y consideró que la situación de habitabilidad del barrio compromete “los más elementales derechos humanos -a la vida, a la salud, a la dignidad-” y que en ese contexto “las mejoras y medidas sanitarias ordenadas se inscriben en la necesidad de que se atienda a la impostergable protección del derecho a la salud de los accionantes y los demás habitantes del barrio”.

Según explican desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta causa se inició “por el incumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que reconoce principios y crea instrumentos de gestión urbana para hacer efectivo el derecho a un hábitat digno”. Y señalan que “el fallo es un avance importante porque considera que el déficit habitacional por falta de servicios urbanos básicos es una vulneración de los derechos humanos y que ante esta situación el municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires tienen la obligación de adoptar medidas urgentes para dar respuestas a los reclamos históricos del barrio”.

Garrote es un asentamiento de cuarenta años de antigüedad en el que viven 800 familias en condiciones precarias que podrían verse agravadas aún más por la construcción del megaemprendimiento Venice, de la desarrolladora TGLT S.A.

El CELS patrocina jurídicamente a los vecinos en su reclamo por la integración socio urbana del barrio y para acceder a la información pública sobre los estudios de impacto ambiental del emprendimiento inmobiliario.

Fuente: CELS