El programa Acompañar, oficializado el viernes por el presidente Alberto Fernandez, brindará ayuda económica y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género, de acuerdo a lo que fue comunicado por el gobierno nacional tras el anuncio.
Desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), explicaron que el programa “no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático”, y será compatible con otras asistencias estatales y seguirá el proceso de autonomía de las víctimas.
La abogada Claudia Perugino, coordinadora de la iniciativa, señaló que “tiene dos eslabones: el económico y el de acompañamiento, porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco”.
El programa otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses para “gastos esenciales” de personas “en situación de violencia extrema y de riesgo”, indicó Perugino, y dijo que, para definir el riesgo de cada situación, la cartera “ya elaboró un programa informático que permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto, altísimo” para que las unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios carguen los datos de las personas que soliciten ingresar al programa.
“Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con Anses para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y trámites”, destacó.
Entre las personas que no podrán acceder a la ayuda económica estarán aquellas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia.
Por otra parte, el apoyo económico sí será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Además, la funcionaria resaltó “el cambio de paradigma” que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque “somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciables”.
Una vez que la persona ingresa al programa, la unidad ejecutora local “debe realizar un seguimiento y acompañamiento, y finalizado los seis meses brindar una evaluación, para saber si esa persona pasa a otro programa o si puedo acceder a un trabajo registrado”.
Acompañar “no requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles”, aseguró Perugino.
El programa comenzará en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco.
